La Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009, articula un ambicioso y exigente programa de reformas, que profundiza en la dirección de algunas de las opciones estratégicas adoptadas desde la anterior legislatura, como la prioridad otorgada al  incremento en la inversión en  investigación, desarrollo e innovación, o al fomento de las  actividades relacionadas con las  energías limpias y el ahorro energético; o ya en esta legislatura, dentro del propio  Plan E, a la trasposición rigurosa de la Directiva de Servicios. 

La Estrategia incluye un variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como la promoción de  reformas en ámbitos específicos de la economía española como el laboral, o el de la Comisión del Pacto de Toledo. Todas ellas pretenden servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero: sostenible. Sostenible en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez  más sólido, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios  naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social.  

La Ley de Economía Sostenible es una de las piezas más importantes de la Estrategia ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía 11    más competitiva, más innovadora, capaz tanto de  renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de calidad

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